La batalla legal contra la Ley de Seguridad Interior y sus límites | En pocas palabras…

 

Opinión de: Eduardo Barrios (15/febrero/2018)

Terminada la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior el 21 de diciembre del 2017 se promulgó el decreto por el cual se expide, y el martes 6 de febrero se feneció el plazo para presentar las demandas de amparo o controversias constitucionales.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la de Jalisco, así como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales, para impugnar la citada ley en sus artículos 1º, 5, 18, 19, 25, 31, 34 y tercero transitorio.

Las controversias planteadas fueron desechadas de plano por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo bajo el argumento de que son notoriamente improcedentes, en razón de que las comisiones estatales de derechos humanos carecen de legitimación procesal activa para promoverlas. Sin importar que por mandato de la Ley de Seguridad Interior se les obligue a esos organismos estatales a entregar cualquier información que posean, irónicamente no pueden combatirla, aun cuando su aplicación conlleva violaciones a derechos humanos.

El martes 6 de febrero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores del sector salud en Oaxaca interpusieron demandas de amparo para un aproximado de 42 mil trabajadores ante el Poder Judicial de la Federación según informó a los medios la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección XXII. El jueves 8 de febrero el juez quinto de distrito admitió la demanda de amparo promovida por maestros y trabajadores de salud contra actos del presidente, el Congreso de la Unión y el secretario de Gobernación, a quienes ya les requirió para que rindan sus informes en el lapso de 15.

Como el caso de Oaxaca, miles de amparos se han interpuesto contra la Ley de Seguridad Interior en diversos estados del país, desde Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y de igual forma en su mayoría han sido desechados por los jueces de distritos a donde se han turnado.

El equipo de la Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A. C. expresa que “Existen dificultades para ampararse contra la Ley de Seguridad Interior con motivo de su entrada en vigor, por que ello requiere la acreditación de un interés legítimo y que la norma sea autoaplicativa, es decir que cause una afectación con su sola entrada en vigor”.

El desechamiento de la gran mayoría de los amparos y las controversias constitucionales, buscan legitimar a la Ley de Seguridad Interior, pues basados en el estado de derecho, la clase política en el gobierno podrá aplicarla sin ningún contratiempo. Y por otro lado la admisión de unos cuantos amparos busca simular voz a los miles que se oponen, y en su fin último también desechar esos amparos admitidos.

Cuando la ley es injusta normalmente existe resistencia, en tiempos del megalómano Antonio López de Santa Anna la ley llegó a exigir el pago de impuestos para puertas y ventanas, por esa misma senda caminaba la ley tributaria del general Porfirio Díaz y hemos de recordar que en ambos casos esos gobiernos cayeron por la furia del pueblo.

La batalla legal contra la ley de seguridad interior sin duda es solo una arista de todas las batallas que se libran por impedir que se consumen graves violaciones a los derechos humanos con su aplicación, la movilización social es una arista que se va construyendo contra la Ley de Seguridad Interior y todo el paquete de reformas impuestas en el gobierno de Peña Nieto. Se advierten más batallas, de mientras la legal parece estarse agotando. En pocas palabras….

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