La letalidad de la labor periodística en México

En lo que va del año, 8 periodistas han sido asesinados por una probable relación con su ejercicio periodístico, lo que representa una voz menos cada 26 días.

Apenas el pasado domingo 31 de julio se conmemoró el primer aniversario del asesinato de Rubén Espinosa. Una fecha emblemática para el gremio periodístico y que representa un recordatorio de que en México, sin importar la entidad, no hay garantías de seguridad para la prensa. Un año después y el caso permanece impune, como la gran mayoría de las agresiones contra periodistas. Sin embargo, el panorama parece aún más letal cuando en lo que va de 2016, 8 periodistas han sido asesinados, por lo que ya superamos el número de periodistas asesinados del año anterior (7).

El miércoles 3 de agosto, ARTICLE 19 publicó su segundo informe trimestral de 2016 sobre violencia contra la prensa, donde se exponen las deplorables condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Además se realiza un análisis de patrones, actores y zonas de riesgo para las y los comunicadores, que ubica de nueva cuenta a los agentes de Estado como perpetradores de distintas agresiones (101 agresiones), entre ellas los asesinatos de 2 periodistas. Además, se señala la casi nula investigación y esclarecimiento de los delitos cometidos que traen como consecuencia la impunidad de los mismos.

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De nueva cuenta aparecen la Ciudad de México y Veracruz con el mayor número de agresiones contra la prensa con con 31 y 28, respectivamente, seguidos de Oaxaca con 27 –muchas de ellas cometidas en el marco de las manifestaciones magisteriales– Guerrero con 17 y Puebla con 15.

Dentro de estas agresiones encontramos una situación por demás alarmante. La cantidad de homicidios documentados por ARTICLE 19 se elevó en relación a todo el año anterior, en donde se cometieron 7 homicidios. Ahora, hasta julio de 2016, 8 periodistas han sido asesinados por una probable relación con su ejercicio periodístico, lo que representa una voz menos cada 26 días, de las cuales dos son ejecuciones extrajudiciales (Marcos Hernández y Salvador Olmos). Cada vez más preguntas sin respuesta.

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El caso de Salvador Olmos muestra de manera clara el contexto actual de las autoridades investigadoras en relación con los periodistas, procesos ineficientes que no salvaguardan la escena de los crímenes (tratándose de homicidios), falta absoluta de investigaciones diligentes, pruebas dispersas, encubrimiento de funcionarios, criminalización de las víctimas, claros indicios de tortura, historias oficiales que parecen cada vez más cercanas a la ficción, en fin, nunca el ejercicio periodístico tiene algo que ver con el móvil de los crímenes, solo estaban en un lugar equivocado en el momento equivocado.

Las agresiones a periodistas parecen no ser parte de la agenda principal de las autoridades locales y federales ya que no se muestra una real voluntad jurídica ni política que atienda este problema. En realidad, no deberíamos hablar solo de voluntad si no de obligaciones mal atendidas -si es que son atendidas-, la cantidad de agresiones a periodistas durante el primer semestre de este año nos muestra cuan dura es la realidad, 218 agresiones en apenas la mitad del año, en promedio una cada 23.4 horas de los primeros seis meses de 2016.

Existen los mecanismos, existen las normas protectoras, pero no existe la protección. Esta siendo muy fácil para los agresores violar los derechos de un periodista, incluso si los mismos tienen cualquier tipo de medidas tendientes a “salvaguardar” su integridad, los perpetradores de violencia se salen frecuentemente con la suya, ya que sea por que es el propio estado el agresor, o bien por la omisión en su deber de investigación y procuración de justicia.

Agresores contra la prensa

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Pleitos entre “particulares”

 Además de lo grave que resultan las agresiones físicas, las investigaciones que no llegan al fondo de los asuntos, y la falta de mecanismos realmente eficaces que protejan a los periodistas, ahora se esta optando cada vez más por la violencia institucional, ARTICLE 19 documentó 11 casos con estas características en la primera mitad del año. Asuntos en los que cubiertos por el disfraz de la legalidad se opta por ejercitar acciones en contra de periodistas con prestaciones cada vez más ridículas, que representan en el mejor de los casos, indemnizaciones millonarias, y en todos la insaciable lucha por callar voces y opiniones que vayan en contra de ciertos intereses.

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En nuestro país, parece no importarle a los encargados de salvaguardar la seguridad de periodistas el número de comunicadores que a diario deciden callar para no ser puestos en la mira, ya sea de los poderosos y casi intocables funcionarios o del cada vez más mezclado crimen organizado, ante esto ya no es suficiente la indignación de la sociedad, no basta que los mandatarios pidan “perdón” por sus actos u omisiones, es hora de que se tomen las acciones necesarias para que esta situación no vaya en aumento, para que el siguiente informe de ARTICLE 19 no se muestre un mayor incremento en las “cifras” de agresiones, aunque lamentablemente esto no se ve ni cerca.

Con los señalamientos de este informe, que se puede consultar aquí, queda claro que no solo pierde el Estado Mexicano su fallida lucha de revertir la violencia contra periodistas, pierde la sociedad que cada vez más observa como voces, plumas y fotos se pierden en la estadística de violencia contra la prensa.

@article19mex

Con información de: http://www.animalpolitico.com

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