La suprema corte y más poder al aparato policíaco-militar | En pocas palabras…

Por: Eduardo Barrios (16/marzo/2018)
En sus sesiones del 12 y 13 de marzo este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), reclamando la invalidez de sus artículos 132, 147, 251, 266 y 268 que permiten a los cuerpos policiacos inspeccionar a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa. La acción de inconstitucionalidad de la CNDH se registró bajo el número 10/2014.
La preocupación radica en el aumento de las detenciones arbitrarias, pues es real el uso faccioso de la instituciones policiaco-militares dejan de lado la presunción de inocencia, un debido proceso, la seguridad jurídica, toda vez que se deja a criterio de la policía la posibilidad de revisión y/o detención por la existencia de “sospecha razonable”.
Estamos ante un escenario en el que las fuerzas del orden han sido utilizadas para golpear a opositores a las políticas gubernamentales, en la memoria histórica reciente están las detenciones arbitrarias de maestros de la CNTE por oponerse a la reforma educativa, y la resolución de la SCJN acrecenta la sospecha que el CNPP fue creado para garantizar el sometimiento de opositores y no de delincuentes como mucho se ha promocionado en los medios de comunicación.
Por otro lado, este miércoles la Secretaría de Gobernación (SG) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la seguridad en planteles educativos.
A la ANUIES pertenecen universidades como la UNAM y la UABJO, se sobreentiende que este convenio se firma a partir de las denuncias que ha habido donde se observa el grado de filtración del narcotráfico y la delincuencia organizada a diversas universidades.
La garantía de seguridad en las universidades públicas del país no es la intromisión de fuerzas policiacas federales, el abandono presupuestal es lo que ha hecho que germinen grupos lumpenes delincuenciales al seno de las alma maters y corrompan a la juventud. De nada servirá meter a policías a las universidades en tanto no se invierta directamente en la educación pública, la situación tiene que ver con una política privatizadora que abandonó a su suerte a los estudiantes y privilegio el negocio de las escuelas privadas.
El sentido de la intromisión abierta de las fuerzas policiales tiene que ver con la efervescencia del movimiento estudiantil en momentos álgidos de la lucha de clases, pues han sido protagonistas directos en luchas emblemáticas en México.
En esta misma semana Gael García -uno de los actores que ha encabezado la iniciativa #SeguridadsinGuerra – durante un foro realizado en Ginebra, Suiza urgió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que documente la crisis que se vive en el país, a partir del despliegue de elementos militares que ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos.
Al tiempo de la denuncia internacional del actor Gael García, la SEDENA y la representación de México en los espacios de la ONU deslindaron al Estado mexicano de la violencia en el país y reiteraron su acción en “estricto apego a las normas”.
Se observa a pasos agigantados la operación de las diversas instituciones para acabar de imponer el imperio de la ley al servicio de unos cuantos, es grave que la suprema corte avale normas que ponen entre dicho los derechos humanos; como preocupante la intromisión de fuerzas policiales a las universidades públicas, lo importante ahora es que desde diversos espacios comienza a organizarse una resistencia natural a estos efectos negativos de las leyes aprobadas bajo consigna. En pocas palabras…

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